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LAS DEUDAS SOCIALESl - Ponencia del cardenal Jorge Mario Bergoglio,
arzobispo de Buenos Aires, en el Seminario sobre “Las Deudas Sociales”,
organizado por EPOCA. (30 de septiembre de 2009)
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AICA
Documentos -
Cardenal Jorge Mario
Bergoglio |
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“Las Deudas Sociales"
Conferencia inaugural
del cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j., arzobispo de Buenos Aires y presidente
del Episcopado, en el Seminario sobre “Las Deudas Sociales”, organizado por
EPOCA.
(30 de septiembre de
2009)
En esta exposición procuraré dar una visión de conjunto sobre la doctrina de la
iglesia acerca de la “Deuda Social”.
Los obispos argentinos, en noviembre
de 2008, afirmaban que la “deuda social” es la gran deuda de los
argentinos. Nos interpela y saldarla no admite postergación.. De ahí la necesidad de cultivar la conciencia
de la deuda que tenemos con la sociedad en la que estamos
insertos. Y por ello hacernos cargo de la insistencia de la Doctrina Social de
la Iglesia sobre el tema de la deuda social.
No se trata solamente de un problema
económico o estadístico. Es primariamente un problema moral que nos afecta en
nuestra dignidad más esencial.
“La
deuda social se compone de
privaciones que ponen en grave riesgo el sostenimiento de la vida, la dignidad
de las personas y las oportunidades de florecimiento humano”.
La “deuda social” es
también una deuda existencial de crisis del sentido de la vida. La conformación
de un sentido de vida pleno va de la mano con el sentido de
pertenencia que tenga el individuo con las actividades que realice en su día
a día y con los grupos sociales en los cuales la realiza y comparta la vida con
ellos; de ahí que el origen del vacío existencial remite, tal como
el mismo Durkheim comentó
,
a una desvinculación del individuo del medio social; es decir a una
carencia de sentido de pertenencia, lo cual desfigura la identidad. “Tener
identidad” entraña fundamentalmente el “pertenecer”.
Por eso para superar esta deuda social es necesario reconstruir el tejido social
y los vínculos sociales.
El barómetro de la UCA define la “deuda social” como una
acumulación de privaciones y carencias en distintas dimensiones que hacen a las
necesidades del ser personal y social. En otros términos, como una violación al
derecho a desarrollar una vida plena, activa y digna en un contexto de
libertad, igualdad de oportunidades y progreso social.
El fundamento ético a partir del cual se ha de juzgar la deuda
social como inmoral, injusta e ilegítima radica en el reconocimiento social que
se tiene acerca del grave daño que sus consecuencias generan sobre la vida, el
valor de la vida y –por tanto- sobre la dignidad humana.
“Su mayor
inmoralidad, dicen los obispos argentinos, reside en el
hecho de que ello ocurre en una nación que tiene condiciones
objetivas para evitar o corregir tales daños, pero que lamentablemente pareciera
optar por agravar aún más las
desigualdades”.
Esta deuda queda entablada entre quienes tienen la responsabilidad moral o
política de tutelar y promover la dignidad de las personas y sus derechos, y
aquellas partes de la sociedad que ven vulnerados sus derechos.
Los derechos humanos, como dice el Documento de Santo Domingo:
“se violan no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también
por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas
injustas que originan grandes desigualdades”.
La Deuda Social como Cuestión Antropológica
El principio fundamental que la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos
ofrece para reconocer esta deuda social es la inviolable
dignidad de la persona y sus derechos. Dignidad de la que todos participamos
y que reconocemos en los pobres y excluidos
De él deriva este otro principio que
orienta la actividad humana: el hombre es el sujeto, principio y fin
de toda la actividad política, económica, social;
cada hombre, todo el hombre y todos los hombres como nos dicen Pablo VI y Juan
Pablo II
Por esto, no podemos responder con verdad al desafío de erradicar la exclusión y
la pobreza, si los pobres siguen siendo objetos,
destinatarios de la acción del Estado y de otras organizaciones en un sentido
paternalista y asistencialista, y no sujetos, donde el Estado y la
sociedad generan las condiciones sociales que promuevan y tutelen sus derechos y
les permitan ser constructores de su propio destino.
En la encíclica Centesimus Annus,
Juan Pablo II advirtió sobre la necesidad de “abandonar una mentalidad que
considera a los pobres –personas y pueblos- como un fardo, o como molestos e
inoportunos, ávidos de consumir lo que los otros han producido”. “Los pobres
–escribe- exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de
hacer fructificar su capacidad de trabajo. Creando así un mundo más justo y más
próspero para todos”.
Siguiendo esta línea, hoy es preciso
afirmar que la cuestión social –deuda social- se ha convertido radicalmente en
una cuestión antropológica.
Porque, por encima de la lógica de
los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas en que se mueve
el mercado, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en
virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva
inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el
bien común de la humanidad
En este sentido, “es un deber de
justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas
fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es preciso
que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar
en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder
valorar mejor sus capacidades y recursos”.
Causas del
crecimiento de la pobreza y la exclusión
Con la exclusión social queda
afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues
ya no se está abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está afuera. Los
excluidos –con quienes tenemos la deuda- no son solamente “explotados” sino
“sobrantes” y “desechables”
La cultura actual
tiende a
proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser
humano. El impacto dominante de los ídolos de poder, la riqueza y el placer
efímero se ha transformado, por encima del valor de la persona, en la norma
máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social.
La crisis económico-social y el
consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en
formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado
como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los
pueblos. En este contexto, reiteramos la convicción de que la pérdida del
sentido de la justicia y la falta de respeto hacia los demás se han agudizado y
nos han llevado a una situación de inequidad.
La consecuencia de todo esto es la
concentración de las riquezas físicas, monetarias y de información en manos de
unos pocos, lo cual lleva al aumento de la desigualdad y a la exclusión.
Al analizar más a fondo
tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el
producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque
haya otras causas de la miseria
Esta pobreza, nos decía Juan Pablo
II, en nuestros países encuentra en muchos casos su origen y causas en
mecanismos que, por encontrarse impregnadas no de un auténtico humanismo, sino
de materialismo, producen, a nivel internacional, ricos más ricos a costa de
pobres cada vez más pobres
Esta realidad exige conversión
personal y cambios profundos de las estructuras, que responden a las legítimas
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social
Deuda
Social y Justicia Social
El Concilio Vaticano II nos decía
que “las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre miembros
de nuestra sociedad, en nuestro pueblo, son contrarias a la justicia social, a
la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e
internacional”
Desde la primera mitad del siglo XX,
la noción de justicia social se fue instalando en la reflexión del Magisterio
Social de la Iglesia. Afirma que ella (la justicia social) constituye un
verdadero y propio desarrollo de la justicia general, en estrecha vinculación
con la cuestión social y que concierne a los aspectos sociales, políticos,
económicos y, sobre todo, a la dimensión estructural de los problemas y las
soluciones correspondientes (cfr. CDSI, 201). Benedicto XVI, en Deus
Caritas Est, afirma que “la justicia es el objeto y la medida intrínseca de
toda política”
La justicia social prohíbe que una
clase excluya a la otra en la participación de los beneficios. Exige que las
riquezas, que se van aumentando constantemente merced al desarrollo económico
social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, de
modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, tan alabada por León XIII o,
con otras palabras, que se conserve inmune al bien común de toda la
sociedad
La justicia social apunta al
bien común el
cual, en la actualidad, consiste principalmente en la defensa de los derechos
humanos los cuales, según el CDSI, (388-398), constituyen una norma
objetiva, fundamento del derecho positivo, y deben ser reconocidos, respetados y
promovidos por la autoridad por cuanto son anteriores al Estado, son innatos a
la persona humana. Y esto –teniendo como referencia al problema de la deuda
social- apunta a la dimensión comunitaria: “La visión cristiana de la sociedad
política otorga la máxima importancia al valor de la comunidad, ya sea como
modelo organizativo de la convivencia, ya sea como estilo de vida cotidiana” (CDSI,
392)
Actividad
político- económica, desarrollo integral y deuda social
La pobreza nos exige tomar
conciencia de su “dimensión social y económica” .
Porque ante todo es un problema humano. Tiene nombres y apellidos, espíritus y
rostros. Acostumbrarnos a vivir con excluidos y sin equidad social, es una grave
falta moral que deteriora la dignidad del hombre y compromete la armonía y la
paz social
Existe una relación inversa entre desarrollo humano y deuda social. No se trata
de una noción de desarrollo limitada a los aspectos económicos, sino de
desarrollo integral que implica la expansión de todas las capacidades de la
persona. A menos desarrollo más deuda social. Por tanto desarrollo y equidad
deben encararse conjunta y no separadamente, y cuando la inequidad se convierte
en lugar común o en atmósfera de vida política cotidiana entonces se aleja del
campo político la lucha de igualdad de oportunidades, nivelando hacia abajo,
hacia la mera lucha por la supervivencia.
La
actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales
ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a
la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo
de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la
gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la
acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la
redistribución, es causa de graves desequilibrios.
La Doctrina Social de la Iglesia
sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y de
sociabilidad, de solidaridad y reciprocidad, también dentro de la actividad
económica y no solamente fuera o «después» de ella. El sector
económico no es ni éticamente neutro ni inhumano ni antisocial por naturaleza.
Es una actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser
articulada e institucionalizada éticamente
El Papa Pablo VI refiriéndose al
uso del capital invitaba a valorar seriamente el daño que la
transferencia de capitales al extranjero, por puro provecho personal, puede
ocasionar a la propia nación
Juan Pablo II
advertía que dadas ciertas condiciones económicas y de estabilidad política
absolutamente imprescindibles, la decisión de invertir, esto es, de
ofrecer a un pueblo la ocasión de dar valor al propio trabajo, está
asimismo determinada por una actitud de querer ayudar y por la confianza en la
Providencia, lo cual muestra las cualidades humanas de quien decide.
El Papa Benedicto XVI en su Carta Social Caritas in Veritate reiteraba
que todo esto mantiene su validez en nuestros días a pesar de que el mercado de
capitales haya sido fuertemente liberalizado y la moderna mentalidad tecnológica
pueda inducir a pensar que invertir es sólo un hecho técnico y no humano
ni ético. No se puede negar que un cierto capital puede hacer el bien
cuando se invierte en el extranjero en vez de en la propia patria. Pero deben
quedar a salvo los vínculos de justicia, teniendo en cuenta también cómo
se ha formado ese capital y los perjuicios que comporta para las personas el
que no se emplee en los lugares donde se ha generado.
Se ha de evitar que el empleo de recursos financieros esté
motivado por la especulación y ceda a la tentación de buscar únicamente un
beneficio inmediato, en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, su
propio servicio a la economía real y la promoción, en modo adecuado y oportuno,
de iniciativas económicas también en los países necesitados de desarrollo.
Sin embargo, no es lícito
deslocalizar únicamente para aprovechar particulares condiciones
favorables, o peor aún, para explotar sin aportar a la sociedad
local una verdadera contribución para el nacimiento de un sólido sistema
productivo y social, factor imprescindible para un desarrollo estable.
El capital también tiene patria, podríamos decir.
“En este sentido, la necesidad de un Estado activo, transparente, eficaz y
eficiente que promueva políticas públicas es una nueva forma de opción por
nuestros hermanos más pobres y excluidos.
Ratificar y potenciar la opción del
amor preferencial por los pobres (DA, 396) que brota de nuestra fe en
Jesucristo
(Cf. DI, 3; DA, 393-394),
«requiere que socorramos las necesidades urgentes y al mismo tiempo que
colaboremos con otros organismos e instituciones para organizar estructuras más
justas. Igualmente se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica
convivencia”
[28]
Conclusión
La “deuda social” exige la realización de la justicia social.
Juntas, nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a
la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios e
industriales, sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones sociales.
Pensemos que, según distintas fuentes, hay aproximadamente ciento cincuenta mil
millones de dólares de argentinos en el exterior, sin contar los que están en el
país fuera del circuito financiero, y que además los medios de comunicación nos
informan que se van del país aproximadamente dos mil millones de dólares más por
mes.
Me pregunto, les pregunto: ¿qué podemos hacer para que estos recursos sean
puestos al servicio del país en orden a saldar la “deuda social” y generar las
condiciones para un desarrollo integral para todos?
En nuestro caso, la “deuda social” son millones de argentinas y argentinos, la
mayoría niños y jóvenes, que exigen de nosotros una respuesta ética,
cultural y solidaria. Esto nos obliga a trabajar para cambiar las causas
estructurales y las actitudes personales o corporativas que generan esta
situación; y a través del diálogo lograr los acuerdos que nos permitan
transformar esta realidad dolorosa a la que nos referimos al hablar de la
“deuda social”.
La Iglesia al reconocer y hablar de
la “deuda Social”, pone de manifiesto una vez más su amor y opción preferencial
por los pobres y marginados con
quienes Jesucristo se identificó especialmente (Mt. 25, 40). Lo hace a la luz
del primado de la caridad, atestiguado por la tradición cristiana, comenzando
por la Iglesia peregrina” (Cfr. Hech 4,32; 1 Co. 16,1; 2 Co. 8-9; Ga. 2,10),
y siguiendo la tradición profética (Is. 1, 11-17, Jer 7, 4-7; Am 5, 21-25).
Para la Iglesia es esencial tratar el problema de la deuda social porque el
hombre, y en particular los pobres, son precisamente el camino de la Iglesia
porque fue el camino de Jesucristo.
Card.
Jorge Mario Bergoglio SJ, arzobispo de Buenos Aires
Notas
H
acia un
bicentenario en justicia y solidaridad (2010-2016)
5.
Documento de los obispos al término la 96ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Argentina , Pilar, 14/11/2008.
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